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Mientras en Estados Unidos se votaba por la conformación de su nuevo Congreso, en un hotel de Miraflores se cerraba otra decisión, esta vez con eco regional. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y el subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional, Thomas DiNanno, suscribieron el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil (NCMOU). Esta firma coloca al Perú entre los socios nucleares de Washington en América Latina, convirtiéndolo en el quinto socio bilateral en esta materia. Los otros que ya firmaron este acuerdo son Ecuador, República Dominicana, Colombia y El Salvador.
En este caso, el objetivo es que el estado peruano pueda avanzar con una tecnología de generación eléctrica que aún no opera en el país. Para ello han anunciado una primera financiación de un millón de dólares que serán derivados en asistencia técnica y capacitación. Se trata de un primer monto que, según las fuentes consultadas por este diario al Instituto Peruano de Energía Nuclear, el memorando no recoge de forma explícita, es decir, aún no se conoce cómo se distribuirán más concretamente esos recursos y que "ese aspecto aún no se ha evaluado".
El subsecretario DiNanno lo presentó como un punto de partida. "Como en todo lo que hacemos, empezamos con un millón y luego subimos", aseveró. Al respecto, La República le consultó sobre el momento elegido y por qué con Perú, a lo cual respondió que "tenemos una pequeña ventana", y explicó que apenas cambió el gobierno, con Keiko Fujimori en el poder desde el 28 de julio, había que armar un plan para mostrar a los peruanos que Estados Unidos es el "socio de elección".
En la rueda de prensa, el subsecretario insistió en la prudencia. "Tiene que haber seguridad primero", afirmó. Además, agregó que una licencia nuclear en Estados Unidos exige una lista de requisitos altísimos, de modo que "no podemos intercambiar velocidad por seguridad".
En ese camino, Washington ha ofrecido su Comisión Reguladora Nuclear para que Perú construya su propia autoridad de control. "La NRC es, por lejos, el líder mundial en esto", sostuvo DiNanno. Y para ello, es fundamental partir de que la tecnología para lograrlo son los reactores modulares pequeños, conocidos por sus siglas en inglés como SMR, y los microrreactores, plantas compactas que se fabrican por piezas.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, imaginó aplicaciones concretas. "Las minas que están en un lugar desolado, tal vez un microsistema pueda ayudar a llevarles energía. Los centros de datos, donde se requiere mucha electricidad para la red, tal vez puedan usar uno de estos microrreactores para su negocio", comentó.
Detrás del memorando está FIRST, un programa del Departamento de Estado lanzado en 2021 bajo la administración del expresidente Joe Biden creado para acompañar a más de 60 países en el desarrollo de reactores modulares pequeños con estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica. Su interés original es fomentar iniciativas de energía nuclear civil y energías limpias, de cara a su diversificación.
Y a este memorándum, el Perú llega con algo de camino ya recorrido. El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), dependiente del Ministerio de Energía y Minas, opera en Carabayllo, al norte de Lima, el reactor de investigación RP-10, que produce radioisótopos para la medicina. Los que ya se producen son el tecnecio-99m, que sirve para estudios por imágenes de órganos, y el yodo-131, empleado contra enfermedades de la tiroides y algunos tratamientos contra cánceres.
Sin embargo, el Perú carece hoy de una planta nuclear de generación eléctrica, porque el RP-10 es un reactor de investigación. Ante ello, con la Ley 32560, promulgada en marzo para promover la generación nuclear y los SMR, llevó al Ministerio de Energía y Minas a trazar una hoja de ruta hacia 2040, plazo que Washington aspira a adelantar.
El IPEN, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, ante la consulta de La República afirmó que la visión de este memorandum es que el país cuente a futuro con nuevas alternativas para fortalecer su seguridad energética y atender necesidades de electricidad continua en zonas alejadas de la red, como algunas localidades de la Amazonía. Eso podría contribuir, añadió, a garantizar servicios esenciales como hospitales, centros de salud y colegios. No obstante, ello difiere del que pusieron los altos cargos estadounidenses, quienes mencionaron como potenciales usos a centros de datos, minas y puertos.
Ante ello, el titular de la cartera peruana de energía y minas, advirtió que el éxito de la iniciativa "no depende únicamente de capacidades técnicas o de un marco regulatorio adecuado, sino también de la confianza y participación informada de la sociedad".
A fines de septiembre, el día 28, la Embajada estadounidense anunció que Perú, ya participante del programa, pasaba a ser socio bilateral. El Salvador, el más adelantado, firmó con el secretario de Estado Marco Rubio su memorando en febrero de 2025 y proyecta su primer reactor para 2030, según la prensa salvadoreña. Luego le han sucedido Ecuador en abril del 2026, República Dominicana en junio, y en Colombia en septiembre.
Las firmas se suceden con intervalos cada vez más cortos, de San Salvador a Asunción y ahora Lima. El embajador Navarro sostuvo que "no todos los proveedores de energía nuclear son iguales" y que "por eso estamos aquí primero", con una diferencia que atribuyó a la tecnología estadounidense frente a la rusa y la china, sin restar méritos a la europea.
En la rueda de prensa, dijo que su gobierno quiere asegurar que no haya dependencia en la red eléctrica de Lima, y lo calificó de importante para el país. En la conversación, una colega le preguntó si imaginaba un escenario en que empresas chinas pudieran apagar las luces de la capital y eso fuera una amenaza para la seguridad nacional. El embajador evitó confirmar o descartar ese escenario. "No estoy especulando. Mi trabajo no es especular sobre eso, sino asegurar que traigo tecnologías que ayuden al Perú a tener una mejor vida diaria", sostuvo.
El contexto añade una dimensión concreta a ese diálogo. Las dos distribuidoras que atienden Lima pertenecen hoy a empresas estatales chinas. Luz del Sur es de China Three Gorges, y Pluz Energía, antes Enel Distribución y con concesión en el norte de Lima y el Callao, es de China Southern Power Grid, cuya compra por unos 3.100 millones de dólares se cerró en junio de 2024 tras la autorización condicionada del Indecopi. Durante esa compra, la Sociedad Nacional de Industrias advirtió sobre una concentración total del mercado de distribución limeño. Cuatro años antes, con la venta de Luz del Sur a capitales chinos, el Osinergmin, que fija las tarifas de distribución eléctrica, había asegurado que la operación "no afectará a las tarifas de electricidad de sus usuarios" y que supervisaría las compras de energía a empresas vinculadas.
La expresión designa el uso de la energía nuclear para producir electricidad, fabricar medicinas e investigar, frente a la rama militar, que busca armas o propulsión naval. La física para ambos fines es la misma. La diferencia está en el diseño y en la vigilancia del OIEA, que verifica que el uranio y el plutonio no terminen en armas. Perú opera un reactor de investigación bajo ese control y aprobó en 2001 un protocolo adicional que amplía las verificaciones.
Dos asuntos siguen abiertos. Sobre el uso militar, la respuesta oficial es limitada. Las propias palabras del subsecretario sitúan el proceso en una fase aún muy temprana, pues su meta, dijo, es "identificar un sitio", por lo que el millón de dólares tiene como fin financiar "estudios de factibilidad". Entre las aplicaciones posibles de un microrreactor, el embajador Navarro mencionó "un centro de datos, un puerto, una base militar", aunque, por ahora, no existe un proyecto concreto anunciado para el Perú en esa línea.
Por otro lado, la visita sumó 20 millones de dólares del Departamento de Estado para el reabastecimiento aéreo de los F-16 Block 70 y 4,5 millones para la Base Naval del Callao.
Más allá del simbolismo del acto, el alcance formal del documento es acotado ya que se trata de un acuerdo de cooperación nuclear civil, de carácter no vinculante y de Estado a Estado. En términos prácticos, fija una intención política y abre una vía de asistencia técnica, sin crear obligaciones jurídicas para ninguna de las dos partes, por el momento. Cualquier transferencia de tecnología o material nuclear exigiría un instrumento posterior, el llamado acuerdo 123, que sí sería vinculante y que, por ahora, no figura en la agenda.